Durante la XLI Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) centrada en “Seguridad ciudadana en las Américas”, que se llevó a cabo del 5 al 7 de junio en El Salvador, expertas y expertos de la región latinoamericana coincidieron en la necesidad de incorporar el enfoque de género al tema y a las políticas públicas a su respecto.
Paradójicamente, mientras el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) presentaba un documento concretando demandas, activistas que reclamaban fuera del recinto de sesiones la despenalización del aborto terapéutico eran reprimidas por la policía salvadoreña.
Para Rocío García Gaytán, presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA, “un enfoque de seguridad que se base en el ejercicio de los derechos humanos pasa necesariamente por la inclusión de la violencia de género en las políticas, planes y programas de seguridad. La incorporación de una perspectiva de derechos humanos de las mujeres y de igualdad de género en la promoción y la protección de la seguridad - desde un enfoque de seguridad ciudadana- es esencial para asegurar que las mujeres gocen de la seguridad de una manera plena e igualitaria”.
Cladem aterrizó esos conceptos en la cotidianidad de las mujeres: “La concepción tradicional de la seguridad pública ha tenido como ejes centrales el control de armas, el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico jerarquizados por la división especial de los riesgos que corren los habitantes. En consecuencia, no se ha prestado suficiente atención a los riesgos a los que están sujetas las mujeres, tanto en el espacio público como en el hogar, donde ocurren más del 80% de las lesiones que afectan su integridad física y mental, además de sus vidas”.
También advirtió que la adopción de un compromiso con la seguridad ciudadana en la región debe partir de la concepción contemporánea de ciudadanía, que es plural y reconoce las especificidades de los sujetos de derechos. Agregó que las políticas al respecto, para que sean sostenibles, requieren también la participación de las mujeres, que en lo público y lo político ha sido históricamente obstaculizada por la desigualdad de género.En ese marco, Cladem solicitó a la Asamblea General de la OEA que recomiende que en el diseño de las políticas sobre seguridad pública incluya el análisis de la violencia de género, sus causas, conexiones y modo de prevención, y contemplen como la criminalidad impacta a las mujeres directamente como víctimas e
indirectamente como familiares de víctimas que padecieron violencia policial o perpetrada por otros agentes estatales, con especial énfasis en las mujeres que viven en comunidades pobres y cuentan con menos formasde protección.
Otra de las demandas refirió al reordenamiento del espacio urbano, en especial las condiciones del transporte y alumbrado público, el acceso a los espacios educativos, culturales, deportivos y de recreación, de manera de que las ciudades se tornen más seguras para las mujeres.
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