Si bien la normativa y las políticas públicas en la materia han avanzado mucho desde el primer informe del Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva producido por MYSU en 2007, el tercero que corresponde a 2010 y fue presentado el pasado 5 de mayo, concluye que el acceso al ejercicio pleno de los derechos reconocidos por aquellas para las mujeres sigue estando restringido. Entre otros factores por la tensión existente entre lo técnico y lo moral en la práctica médica.
I.P.
La presentación del tercer informe del Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva que gestiona MYSU, estuvoa cargo de las coordinadoras generales de la organización no gubernamental, Lilián Abracinskas y Alejandra López Gómez, la directora del Primer Nivel de Atención de laAdministración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Alicia Sosa, el representante del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa), Fernando Filgueiras y el ministro de Salud Pública (MSP), Daniel Olesker.
Abracinskas llamó la atención sobre el hecho de que un informe independiente de la sociedad civil contara a la vez con aval ministerial: “no se entiende mucho” admitió, pero a su juicio constituye un ejercicio efectivo de democracia.
Por su lado, el ministro Olesker enfatizó que el trabajo realizado por el Observatorio constituye “un insumo para quienes hacemos política pública y queremos dejar un campo teórico de cómo creemos debe hacerse desde la izquierda”.
El enfoque de este último informe es novedoso, ya que intenta explorar en las percepciones, valores y prácticas de los profesionales de salud. Para 2011, MYSU planea concentrarse en los servicios de salud sexual y reproductiva públicos y privados, cuya implementación es obligatoria para todas las instituciones de servicios integrales de salud del país a partir de principios de este año y en lo que MYSU está trabajando conjuntamente con el MSP.
Abracinskas evocó que cuando el Observatorio comenzó a funcionar, había una gran ausencia del Estado en la materia, al punto de que los propios gobernantes estaban convencidos de que “el servicio que funciona en el (hospital) Pereira era suyo”, siendo que era gestionado por una organización de la sociedad civil.
Recién en 2011 el Sistema Nacional Integrado de Salud incorpora la salud sexual y reproductiva a la visión de la salud integral, como derecho universal para sus usuarios y usuarias. Con anterioridad, sólo estaba el modelo de la Intendencia de Montevideo. Pero, a pesar de que “en términos de la ciudadanía es un proceso lento, en términos de la historia de un país es muy rápido”, reconoció la cocoordinadora de MYSU.
El primer informe del Observatorio dio cuenta de que la normativa en la materia no era poca, pero su falta de aplicación residía en la falta de conocimiento que tenían los profesionales y las propias usuarias de las mismas.
En 2009, “llamó la atención que los profesionales de la salud habían ampliado su conocimiento de las normas y sin embargo elegían no aplicarlas”, lo que condujo al equipo de MYSU a la inquietud, para el informe 2010, de enfocar la indagación en los aspectos subjetivos de quienes actúan técnicamente en la salud, intentando dar cuenta de si ello obstaculiza o no el ejercicio de los derechos.
El campo de investigación fue acotado a la Red de Atención Primaria de ASSE en Montevideo y a sus equipos del primer nivel de atención, conformados por trabajador social, auxiliar de enfermería, ginecólogo, médico de familia, médico de atención primaria, nurse, partera y psicólogo.
Percepciones y valores
Los profesionales que respondieron al cuestionario, enfrentaron la indagación de qué valores debieran promoverse en la infancia y la adolescencia. Fueron muy concluyentes los porcentajes sobre la importancia otorgada al valor de la responsabilidad (54% del total, mayoritariamente mujeres y profesionales de menos de 10 años de ejercicio, así como asistentes sociales y médicos). En cambio, valores como la independencia
fueron mucho menos identificados como importantes por los profesionales (12%).
fueron mucho menos identificados como importantes por los profesionales (12%).
Respecto a las opiniones frente a situaciones y/o decisiones “críticas” de la vida íntima y social, el 62% de los muestreados consideraron que “mantener relaciones sexuales sin protección” no se justifica, porcentaje que aumenta considerablemente (74%) entre quienes profesan alguna religión.
Un 12,5% de los profesionales consideran que el aborto voluntario “nunca se justifica”, siendo los varones y las auxiliares de enfermería quienes menos lo justifican y mujeres las que más lo hacen (sobre todo parteras y profesionales de la psicología). Entre quienes profesan una religión, 15% no lo justifica nunca y el 42,5% de quienes no profesan ninguna lo justifica siempre.
Otro aspecto interesante de los resultados del informe 2010 del Observatorio, es que si bien el 97% de los y las profesionales rechazan que un “hombre le pegue a una mujer”, la “violencia física hacia niños por parte de los padres” cosecha porcentajes menores de no justificación (79%).
En cuanto a las prácticas profesionales, uno de los aspectos indagados fue si se considera pertinente mostrarle al paciente todas las posibilidades, incluso aquellas con las que no estoy de acuerdo”, con lo que un
84% estuvo de acuerdo, sobre todo las mujeres, los más jóvenes, asistentes sociales, parteras y ginecólogos. El 42% manifestó total acuerdo en que “en el ejercicio de mi profesión hay decisiones que tienen tantas implicancias éticas que no puedo ceñirme únicamente a los criterios establecidos en las normativas sanitarias”, dato que de algún modo da cuenta de las tensiones entre la acción técnica y la acción moral de los profesionales, en las que intenta poner énfasis el informe.
Las reacciones emocionales frente a situaciones complejas en salud sexual y reproductiva, también investigadas, muestran que la mayoría de los profesionales varones sienten enojo y preocupación frente a la violencia hacia las mujeres, mientras que sus pares mujeres se sienten impotentes y preocupadas.
Sin embargo, cuando un niño o niña muestra signos de violencia física y/o emocional, predomina en varones y mujeres el enojo. Respecto a la situación de una mujer que desea realizarse un aborto, un alto porcentaje (44.2%) manifestó sentir respeto y 15,9% preocupación.
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