Entre el techo de cristal y el piso pegajoso

“Entre el techo de cristal y el piso pegajoso. El trabajo como herramienta de inclusión en el Uruguay de 2011” es una investigación recientemente publicada por Cotidiano Mujer y ONU Mujeres. Su autora es Melissa Ardanche y con ella dialogó La República de las Mujeres para repasar todo lo que se ha venido haciendo en materia de políticas públicas en los últimos años con el ojo puesto en el empleo, tanto remunerado como no remunerado, lo cual sigue “empantanando” a las mujeres en el ámbito doméstico y reproductivo como bien sugiere el título.

Karina Thove

Han habido avances en materia de equidad pero las limitaciones, por un lado, siguen estando en “el techo de cristal” que afecta principalmente a las mujeres más calificadas impidiéndoles acceder a determinados puestos de trabajo -si acceden es con una remuneración menor y mucho más exigidas- y, en el extremo opuesto, está el “piso pegajoso” que afecta a las mujeres menos preparadas, en situaciones de informalidad laboral y/o vulnerabilidad social. “Las mujeres no tienen la cancha libre” afirma Melissa Ardanche y se explica: “Sumando el trabajo remunerado y no remunerado, como carga global, las mujeres trabajan 10 horas más que los hombres pero si solo nos fijamos en el trabajo remunerado, las mujeres trabajan menos, por tanto ganan menos aunque trabajen más en la casa, lo cual es un gran contrasentido basado en estereotipos patriarcales”.

A PARTIR DE LA EMERGENCIA

El período de gobierno anterior trajo una serie de novedades para atender la emergencia social que el país vivía desde la impactante crisis del 2002 -donde gran parte de la población se vio afectada y pauperizada- como fue la creación del Panes (Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social) y de un Ministerio específico para atenderlo: de Desarrollo Social (Mides).

A partir de la atención inmediata de estas urgencias se fueron implementando y desarrollando diversos programas, “pero no nos olvidemos que son programas transitorios que, al menos en un principio, como `Trabajo por Uruguay´ -que fue el primero que se implementó junto con el plan de emergencia-, no tenía una meta de inserción laboral. Eran tareas comunitarias, una experiencia de inclusión socio-laboral pero siempre en el marco de una situación de emergencia”, aclara Ardanche. La meta del empleo sostenido en el tiempo, a largo plazo, empezó a pensarse y a buscarse posteriormente, una vez que la emergencia social estuvo más continentada y contenida. 

En todos estos programas de carácter transitorio las mujeres son una abrumadora mayoría y también son las que más culminan todo el proceso -capacitación, empleo, uso de la red de contención social- “incluso  trabajan sobre las condiciones subjetivas de la empleabilidad, es decir, trabajan sobre sus miedos, sus expectativas, los fracasos, cómo elaborar un proyecto laboral propio”.  

HACIA EL EMPLEO SOSTENIDO Y DE CALIDAD

A partir de todas estas experiencias del quinquenio anterior, intentando salir de la emergencia social para  apuntar a un empleo formal, de calidad y sostenido en el tiempo, en estos momentos se está ensayando un plan piloto en cuatro departamentos (Montevideo, Canelones, Soriano y Artigas): “Uruguay trabaja” coordinado por el Mides y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Explícitamente este programa “tiene una meta de inserción del 30%”.

Pero hay un núcleo duro de la población que sigue teniendo dificultades para ser integrado/incluido, más allá de que la cifra del 6% de desocupación sea históricamente un guarismo muy bajo para Uruguay. Además, “según las proyecciones de inversión que tiene el país estamos con necesidad de mano de obra capacitada. Hoy por hoy, aumentar la actividad económica entre las mujeres y los jóvenes es una prioridad del gobierno porque también no hay otra alternativa”, explica pragmáticamente la investigadora.

No sólo el Estado sino muchos otros sectores de la sociedad vienen haciendo esfuerzos para implementar algún tipo de políticas de estímulo como la construcción, la forestación, la recolección de frutas cuyos déficits de personal son notorios (en algunos de estos casos también estamos hablando de bajas remuneraciones y condiciones de trabajo bastante malas). 

En el caso de la construcción, “hubo un efecto colateral de la combinación de la `ley de peones prácticos y obreros especializados´ y `Uruguay Trabaja´. En la ley se estableció que el 30% de la mano de obra que utilizaran las empresas que trabajaran en obras públicas tenía que provenir obligatoriamente de las listas de personas que participaron en los programas de trabajo protegido. En la medida que estos programas tuvieron cerca del 80% de participación femenina, ingresaron muchas mujeres a la construcción y esto es todo undesafío para acompañar esa inserción y lograr que sea sostenida”.

TITULARES SI, CUIDADORAS NO
A nivel estatal existe un “Ámbito por la inclusión y la formalización del trabajo” radicado en el MTSS, donde se estudian todos los mecanismos que se han ido implementando para avanzar en la ampliación del empleo formal y la protección social.

Ardanche no duda en señalar la ley de trabajo doméstico como “uno de los más grandes avances, porque ahí tuvimos un impacto en la formalización de las trabajadoras domésticas muy fuerte, incluso ahora la Organización Internacional del Trabajo (OIT) toma a Uruguay como modelo en este tema”. Otro de los logros ha sido “la ampliación del monotributo y lo que es ahora la propuesta del monotributo social para la gente que sale de los programas de economía social del Mides”.

Las asignaciones familiares que priorizan a las mujeres como titulares de la prestación, la flexibilización de los topes jubilatorios y bonificación de un año por hijo/a a las mujeres a la hora de jubilarse, la aprobación de la ley de unión concubinaria, los proyectos de ampliación de las licencias parentales, forman parte de los avances. Sin embargo, ese impacto positivo que puso el acento en las mujeres jefas de hogares -mayoritariamente monoparentales- “tiene un debe, porque si bien aumentó la autonomía económica de las mujeres, que se hacen cargo de los hogares y de los hijos, con o sin recursos, no cuestiona la división sexual a la interna de los hogares y sigue colocando a la mujer en el rol de cuidadora”, advierte Ardanche.

En cuanto a las leyes de acoso sexual y de acoso moral, vigentes en nuestro estado de derecho desde hace muy pocos años, aún no existe la reglamentación de la ley de acoso moral y se señalan muchas dificultades: “No hay apoyo legal ni psicológico para las víctimas, existe una gran asimetría en la disponibilidad de recursos de las partes -las empresas cuentan con su staff de abogados, los denunciantes y los sindicatos tienen muchos menos recursos legales- y el bajo correlato económico de las sanciones no lo hace atractivo de pelear para muchos abogados”.

El relevamiento de datos con perspectiva de género -también el cruzamiento de los mismos- sigue siendo una carencia importante a nivel nacional pese a que se ha avanzado muchísimo.“Tenemos algunas `joyas´ en cuanto a la sistematización de las políticas como es la Dirección de Desarrollo Ciudadano del Mides en el período pasado. Se hizo el programa `Uruguay Trabaja´, se editó la sistematización y están permanentemente en esa recolección de datos que son las cifras que están en la investigación”, aclara Ardanche, aunque eso parece ser bastante excepcional en el esquema general del Estado.

FALTAN MODELOS DE CORRESPONSABILIDAD
La actual demanda de empleos es una oportunidad para las mujeres “que pueden aprovechar en la medida en que se articule con los cuidados”, subraya la investigadora, un tema en el cual hay mucho menos trabajado y mucho más por hacer en términos de generar un debate público que lo coloque en la agenda política y social.

“Todavía no hay un diseño, ni siquiera contamos con un monitoreo de la malla de protección social que tenemos para luego ver qué otros apoyos se pueden dar desde el Estado. Para nosotras también hay un tema

de discusión del modelo de cuidados que lo  hemos planteado: podemos pensar un modelo donde hay un sistema de guarderías, etc., pero lo que tenemos que buscar es un sistema de cuidados que tienda a la corresponsabilidad que es lo que realmente lleva a un esquema igualitario”.

Todavía hay quienes identifican a las políticas de género como “cosas de mujeres” y que, en consecuencia, solo las afecta a ellas, pero “las políticas de género son aquellas que buscan que todos y todas estemos en igualdad de oportunidades en los dos espacios (público y privado).

Esto no quita que también haya que tener políticas afirmativas de grupo hacia las mujeres, hacia las jóvenes, hacia las afrodescendientes, pero son políticas diferentes, conceptualiza.

El debate por un modelo de cuidados equitatyivo también plantea desafíos sobre "el propio modelo de masculinidad, el derecho a los afectos, a la crianza de los hijos por parte de los hombresTenemos un modelo básicamente maternal, no parental. Incluso en este momento hay un proyecto a estudio de equiparación de la licencia maternal que tiene el sector público con el privado; a su vez también se plantea la ampliación de la licencia de los padres a 10 días. Estamos hablando de 13 semanas para las madres frente a 10 días para los padres y eso tiene que ver con el modelo de fondo que no se discute”, afirma Ardanche. Además de dejar a los padres con menos posibilidades de responsabilizarse por los cuidados y la crianza de sus hijos, afecta a la mujer a la hora de ir a buscar un empleo porque todavía persiste la visión en el mundo empresarial de que la mujer “se va a embarazar”, “se enferman los hijos y me falta”.

Según la investigadora, “hay países que tienen licencias igualitarias como el caso de Islandia: 3 meses para la mujer, 3 meses para el hombre y 3 meses opcional a elegir entre los dos; entonces, construir modelos de corresponsabilidad ayudaría a disminuir el estigma y los estereotipos que todavía pesan sobre los géneros”.