Despenalización del aborto llegó a la CIHD

Edición del domingo 3 de abril de 2011.

Por primera vez, organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe llevaron las consecuencias de la criminalización del aborto sobre lasalud y vida de las mujeres, así como las dificultades que enfrentan en laregión para acceder a esa práctica aún en casos no punibles, al seno de la Comisión Interamericana deDerechos Humanos, que se comprometió a incorporar el tema a su agenda y a hacer un seguimiento de las políticas en cada país. Entre los doce solicitantes de la audiencia que se realizó el pasado 28 de marzo en Washington, se encuentra Uruguay.

La iniciativa fue del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) de México, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió audiencia especial en el marco de su 141 período de sesiones. En ese ámbito se había hablado antes de derechos reproductivos, pero por primera vez el tema central fue el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

Ante la titular de la CIDH, la estadounidense Vinah Schelton, su relatora de los Derechos de la Mujer, la venezolana Patricia Mejía y otros integrantes de la Comisión, las delegadas de la sociedad civil latinoamericana y del Caribe presentaron un panorama regional de la situación, del que resulta que a excepción de Cuba, Puerto Rico y la Ciudad de México, que tienen legislaciones que no penalizan el aborto en los primeros meses de gestación, en el resto de los países está criminalizado. Totalmente, como en Chile, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador y Honduras, o permitido en determinadas circunstancias como riesgo de vida y/o salud de la mujer, violación, malformaciones fetales graves, inseminación artificial no consentida o razones socioeconómicas. Aún en casos permitidos por los códigos penales vigentes o susceptibles de ser eximidos de pena, las mujeres enfrentan infinidad de obstáculos para acceder a un aborto, ya que no se cuenta con protocolos implementados para su efectiva realización.
Ante la CIDH se ventilaron también consecuencias como la morbimortalidad materna, la promoción del mercado clandestino, la injusticia social que afecta a las mujeres que tienen menos recursos, la falta de políticas de prevención del embarazo adolescente, la discriminación en los servicios de salud durante el tratamiento de abortos inconclusos, etc. Algunos países presentaron casos testigo, que fueron judicializados con resultados tan adversos para las mujeres que comprometieron su salud y hasta su vida.

EL CASO URUGUAYO

La situación de Uruguay se maneja en el grupo que lidera GIRE con un sesgo particular. Incluido en el grupo de países que están dando el debate por la despenalización del aborto, lo que se trata de poner en evidencia es lo que fue calificado por organizaciones que trabajan en el tema y expertos del Derecho, como un forzamiento del contenido de instrumentos internacionales suscriptos por el Estado uruguayo para justificar la persistencia de la penalización.

En tal supuesto se colocaron los argumentos esgrimidos por el ex presidente Tabaré Vázquez para fundar el veto que interpuso en 2009 contra la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, en lo referente a la liberalización del aborto en los primeros doce meses de la gestación. Objeto de un análisis en profundidad, esos argumentos fueron rebatidos en una publicación de Mujer y Salud del Uruguay (MYSU).

PROYECTO UNIFICADO Y NUEVO EMBATE CATOLICO

La comisión parlamentaria que negoció la unificación de los proyectos de despenalización del aborto presentados uno por el diputado emepepista Alvaro Vega y otro por la senadora socialista Mónica Xavier, tuvo éxito. Sobre la base del segundo, se convino que si bien todas las instituciones de salud estarán obligadas a practicarlo, podrán hacerlo con recursos propios o contratados con terceros.

Tambien, contemplando un planteo de Vega, se eliminan requisitos para la objeción de conciencia de los profesionales: podrán resolver de acuerdo a las circunstancias y cambiar de opinión cada vez que deben hacer esa intervención. 

Por último, a iniciativa del mismo legislador, la ley autorizará abortos por malformaciones graves del feto luego de las primeras doce semanas de gestación, cuando sean incompatibles con la vida extrauterina. Todavía queda para definir cómo se manejará el aborto en casos de embarazo adolescente. Se prevé que el proyecto unificado ingresará a la Cámara alta en la próxima semana.

Mientras, la Iglesia Católica –que en la CIDH fue identificada como uno de los obstáculos en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos- lanzó un nuevo embate. Acusando a los proyectos en consideración de responder a una “cultura de la muerte”´, la Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU) reunida en su primera asamblea del año entre el 21 y el 25 de marzo pasados, volvió a reivindicar enfáticamente los derechos humanos del “niño por nacer” y de quienes tienen “capacidades diferentes”, y advirtió que si se aprueba alguna de esas iniciativas “se está cortando una generación”. El secretario general de la CEU, obispo de Melo Heriberto Bodeant, recordó que hay organizaciones de católicos que trabajan en el “amadrinamiento” de jóvenes que enfrentan un embarazo no deseado, consistente en brindarle apoyo material, psicológico y moral, y convocó a dotar de mayores recursos a esos grupos para que puedan extender su acción. Lo que no explicó el prelado fue cuál sería la “solución” para la mujer que precisamente lo que no desea es el embarazo que está cursando, el que incluso puede ser producto de una violación y que amenaza determinar su futuro.