Reproducción asistida, prioridad legislativa en 2011

Opinión

Berta sanseverino
Diputada

 

Porque es un tema de alta significación social, humana y afectiva, la reproducción asistida nos convoca a analizar y trabajar en su mejor resolución: un porcentaje muy alto de parejas (estimaciones lo ubican en un 15%) padecen algún tipo de infertilidad y necesitan para procrear de tratamientos especiales.

 

La Organización Mundial de la Salud junto con el Comité Internacional para la Supervisión de las Técnicas de Reproducción Asistida (Icmart) ha reconocido oficialmente a la esterilidad / infertilidad como una enfermedad en su nuevo glosario de Técnicas de Reproducción - Asistida. Los avances y descubrimientos científicos han permitido el desarrollo de técnicas de reproducción asistida. El mundo se maravilló con los buenos resultados logrados en la década del 70 con el primer nacimiento de una niña gracias a fecundación in vitro.

Estas técnicas de alta complejidad se realizan en nuestro país hace más de 20 años y actualmente las practican en cuatro clínicas privadas.

Son tratamientos muy caros y por lo tanto inaccesibles para miles de parejas uruguayas. Estamos hablando de costos entre 4.000 a 8.000 dólares, según la técnica y la clínica.

A pesar de no existir ley, ha sido preocupación de legisladores trabajar sobre un tema de múltiples complejidades.

 

El ex senador Alberto Cid preparó hace años un detallado proyecto de ley que en sus fundamentos alerta: “El desarrollo de estas técnicas que persiguen en su esencia un fin altruista como es la posible construcción integral de la familia, determina sin embargo inquietud e incertidumbre en relación con la potencialidad y las posibles consecuencias derivadas de su utilización (…) Frente a este vacío jurídico es el Parlamento como legítimo representante de la sociedad el que debe establecer los criterios y límites en la utilización de estos procedimientos, no solo para proteger a la sociedad, esencia y fin de su labor, sino también para delimitar claramente el ámbito en el que los profesionales de la salud desenvolverán su trabajo”.

 

Este proyecto hace muchos años que está en estudio, ha convocado a múltiples actores y la complejidad de los temas bioéticos asociados a estas nuevas técnicas requiere seguir trabajando para lograr superar el vacío legal.

 

Tomando en cuenta la experiencia desarrollada por la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) en el año 2009, que habilitó que parejas del sector público se beneficiaran de estos tratamientos, hoy es hora de estudiar la ampliación de esta cobertura.

 

Se trata de priorizar la prestación, ponerla al alcance de parejas -sean del sistema público o privado- que no pueden acceder a los valores que hoy tiene el mercado.

 

Hoy se trata de estudiar junto a autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de ASSE cómo ir “democratizando” esta prestación, estudiar el tema recursos económicos pues son técnicas muy costosas. Priorizar y ayudar a procrear es una prioridad magnífica para nuestra sociedad y para las parejas que desean tener hijos.

 

Actualmente, se está discutiendo un nuevo proyecto de ley y  en diálogo con autoridades del MSP y de ASSE, que ya tienen sus equipos trabajando.
 

También participarán en la Comisión de Salud de Diputados, que ha priorizado el tema en su agenda para 2011, entre otras, la asociación civil Uruguay Procrea, cuyo objetivo es reunir y brindar asistencia a personas que padecen algún tipo de infertilidad y que por tanto se ven impedidas de procrear sin ayuda de la ciencia.
 

Tiene una plataforma muy clara: declarar la infertilidad una enfermedad, que se trabaje por la accesibilidad económica de estos tratamientos y que se apruebe un marco legal sobre técnicas de reproducción asistida.