Al cierre del proyecto “Es tiempo de justicia de género” Mujer Ahora, la organización no gubernamental que lo ejecutó con el apoyo de ONU Mujeres, presentó recomendaciones para avanzar en materia de violencia contra las mujeres. Están dirigidas en general al Estado uruguayo y en particular al Poder Judicial, y persiguen mejorar las trayectorias de las mujeres hacia la justicia.
El proyecto “Es tiempo de justicia de género”, se ejecutó en la órbita de Mujer Ahora, desde octubre de 2010 a julio de 2011, con el aval de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social
y la Bancada Bicameral Femenina.
Tuvo por objetivo desarrollar pensamientos e ideas que permitan avanzar en propuestas y acuerdos para la efectiva aplicación de la normativa nacional en la materia de violencia contra las mujeres, adecuaciones legislativas que garanticen la incorporación de la perspectiva de género y el cumplimiento cabal a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado uruguayo.
En la actividad de cierre, que se realizó el pasado 29 de julio en el Parlamento, se repasaron las diversas fases del proyecto en el cual fueron involucrados actores calificados del sistema de Justicia, mediante la metodología de entrevistas y debates públicos. En estos últimos, la presentación de ponencias motivadoras y cuestionamientos jurídicos permitieron un análisis colectivo del principio de igualdad, pasando por la tipificación del femicidio, la necesidad de una ley integral de violencia hacia la mujer y de tribunales especializados multimateria, hasta la deformación de los debidos procesos legales, déficit en la aplicación de la Ley 17.514 y prácticas judiciales ilegitimas.
Mujer Ahora evaluó que la iniciativa logró aportar, con un ejercicio pleno de ciudadanía, al fortalecimiento del sistema democrático nacional. En palabras de la abogada Marina Morelli Núñez, “Los sistemas de Justicia de cualquier país juegan un rol vital en el respeto y fortalecimiento de la democracia. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a participar en el diseño de las políticas estatales de justicia. En otras palabras, tenemos derecho a discutir qué tipo de Justicia queremos darnos. Si bien este proceso resulta incipiente en Uruguay, es ineludible transitarlo”.
Se entiende que la ratificación de los principales tratados internacionales en la temática, la incorporación del artículo 321 bis en el Código Penal en 1995que tipifica el delito de violencia doméstica, la aprobación de la Ley 17.514 que desarrolla los mecanismos para su prevención, persecución y sanción y de las leyes sobre acoso sexual laboral, igualdad de oportunidades y derechos y cuotificación de cargos políticos, la creación de los juzgados especializados en violencia doméstica, entre otras medidas, no han producido los resultados
esperados en términos dedisminuir la incidencia y la gravedad de los efectos producidos por la discriminación hacia las mujeres. Por haber detectado importantes fallas a nivel de la aplicación, se considera imprescindible abordar la revisión de la normativa así como la práctica forense. No obstante, para Mujer Ahora “considerar que es tiempo de una Justicia de género, implica reconocer el avance que Uruguay registra en la materia”.
En este sentido, la coordinadora del proyecto, abogada Rosana Medina, expresó: “Es justamente el contexto nacional que nos permitió, comprometió y desafió a continuar avanzando, con el objetivo de garantizar el efectivo goce de los derechos humanos de las mujeres. Consideramos central para el desarrollo de cualquier democracia el debate público. Por esta razón nos propusimos la participación activa de actores
calificados, habiendo logrado involucrar en la ejecución del proyecto a aproximadamente 160 personas”.
La reflexión giró en torno al cambio de paradigma que el Derecho debe postular, y no a la escasez de recursos económicos del servicio de Justicia. Tanto en las entrevistas como en las instancias de debate, los pensamientos y las ideas profundizaron en los aspectos sustanciales, procesales y fácticos del Derecho, apartándose de lo que hasta ahora ha sido una constante a la hora de discutir la aplicación de la ley, especialmente de la 17.514, porque “los nudos de mayor relevancia al tiempo de aplicar la norma, no se relacionan con la ausencia de recursos materiales”.
La actividad finalizó con la presentación de catorce propuestas orientadas al diseño de intervenciones y acciones estatales que garanticen “una respuesta judicial idónea, inmediata, oportuna, exhaustiva, seria e imparcial, frente a actos de violencia contra las mujeres”.
1- Aplicar debida y efectivamente las recomendaciones formuladas al Estado uruguayo por las instancias que vigilan la aplicación de los instrumentos internacionales que el mismo suscribiera.
2- Introducir reformas al marco jurídico nacional para armonizarlo con las obligaciones asumidas en dichos instrumentos, erradicando todas las disposiciones discriminatorias de las mujeres, especialmente las contenidas en el Código Penal.
3- Promulgar una ley Integral que contemple el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación en los ámbitos publico y privado: intrafamiliar, laboral, social, sexual, mediático, institucional, de salud, entre otros.
4- Revisar la política estatal del servicio de justicia nacional, a efectos de garantizar que las mujeres víctimas de violencia tengan acceso a una adecuada protección, y que los actos deviolencia sean adecuada, oportuna, completa e imparcialmente investigados, sancionados y reparados.
5- Crear un Tribunal Especializado en Violencia hacia la Mujer, con competencia en todas las ramas del derecho público-privado y que juzgue y ejecute lo juzgado en materia penal, laboral, familia y civil.
6- Crear una oficina o departamento “Mujeres” en la Suprema Corte de Justicia, que contribuya al mejoramiento de la prestación del servicio de justicia para las mujeres.
7- Dictar una acordada para erradicar toda posibilidad de que en nuestros tribunales se continúen dictando resoluciones que se apartan de la normativa y su objetivo protector (ejemplos: medidas recíprocas, procesamiento sin prisión del delito de desacato aplicando como medida sustitutiva la prohibición de acercamiento).
8- Implementar programas de asistencia técnica, investigaciones y estudios, que otorguen herramientas específicas de conocimiento jurídico a magistrados y magistradas y a quienes pretendan a futuro desempeñarse en esos cargos.
9- Realizar evaluaciones periódicas y sistemáticas sobre las necesidades y deficiencias del Poder Judicial para dar cabal cumplimiento a los compromisos internacionales y nacionales vigentes en la materia.
10- Dar seguimiento sistemático de las sentencias judiciales a nivel de país como mecanismo para la erradicación de prácticas ilegitimas.
11- Ejercer la potestad disciplinaria por parte de la Suprema Corte de Justicia, cuando los servidores públicos realicen prácticas que menoscaben los derechos de las victimas sobrevivientes.
12- Presentar a la ciudadanía rendición anual de cuentas respecto de los retrocesos, estancamientos o avances que el servicio público de justicia registre en materia de derechos de las mujeres.
13- Sistematizar las decisiones de los organismos regionales e internacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres, haciéndolas accesibles a magistrados, magistradas, defensores, defensoras y fiscales.
14- Institucionalizar nuevasformas de capacitación de los
servidores públicos, que aborden
de manera específica el derecho
de las mujeres a vivir libres
de violencia y discriminación,
con seguimiento y control
de la aplicación de los saberes
incorporados.
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