El Fondo Global Fiduciario de Naciones Unidas para la lucha contra la violencia hacia las mujeres aprobó un proyecto presentado por Uruguay, que apuesta a trabajar la temática en territorio, es decir dónde están los problemas y quiénes operan en ellos. También contempla el fortalecimiento de las Comisiones Departamentales Consultivas creadas por la Ley 17.514, de prevención, sanción y erradicación de la violencia doméstica.
El anuncio fue realizado por Marisa Lidner, directora de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior (MI), en el acto de cierre y entrega de certificados de los cursos de capacitación sobre “La respuesta policial en violencia doméstica y de género: aportes para fortalecer el abordaje y la calidad de atención”, que alcanzaron a más de 250 policías y se llevaron a cabo con la participación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Junta Nacional de Drogas, la Secretaría de la Mujer de la Intendencia de Montevideo (IM) y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.
El proyecto, que contó con el apoyo de ONU Mujeres, se enmarca en el más amplio y de carácter regional “Fortalecimiento de las Comisarías de la Mujer, de Seccionales Policiales y de la Sociedad Civil para combatir la violencia de género”, iniciativa de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que
abarcó también a Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.
Representantes de todos los actores coincidieron en valorar muy positivamente la experiencia nacional de capacitación. Para Mary Arias, co-coordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, el fortalecimiento de los vínculos entre actores estatales es fundamental en el marco de la búsqueda de una estrategia nacional que coloque a Uruguay a la altura de los compromisos internacionales que firmó.
Elena Ponte, coordinadora de la Secretaría de la Mujer de la IM, destacó el esfuerzo personal de los efectivos. Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, reconoció que la violencia doméstica toca muy directamente al área a su cargo, dado que en muchos casos está asociada al uso problematico de drogas, en especial el alcohol.
Irene Rodríguez, coordinadora para Uruguay de ONU Mujeres, adelantó la posibilidad de que con el apoyo de la Agesic se pueda replicar la capacitación a policías en el interior del país.
Desde la Suprema Corte de Justicia, la magistrada y directora del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU) Selva Clet, celebró que jueces y policías tengan la oportunidad de compartir saberes y experticias.
El ministro Eduardo Bonomi destacó que docentes y jueces que dictaron los cursos “trabajaron de igual a igual con policías y hubo más coincidencias que problemas”.
Directora de la Escuela Nacional de Policía, la inspectora mayor retirada y psicóloga Cristina Domínguez fue terminante: “Un buen policía no puede ni debe desconocer la violencia doméstica”. Para lograrlo, la capacitación es un componente estratégico porque “La comisaría del barrio, el 911, el patrullero son los primeros recursos a los que puede acceder una víctima”. Reconoció también que persisten debilidades en el proceso de socialización en general y también en lo que respecta a las y los policías. Entre las que afectan a estos últimos en tanto operadores, enunció su propia vida privada, la potestad de portar armas de fuego, el estrés funcional por contacto permanente con la violencia doméstica. Pero también hay fortalezas a su juicio: la rica legislación nacional e internacional, la existencia de unidades especializadas en violencia doméstica desde 1988 y de una División de Políticas de Género en el Ministerio del Interior.
En la institución que dirige Domínguez, a partir de este año la violencia doméstica es asignatura independiente desde el tercer año de estudios, aunque la vocación es que desde el primer contacto con la escuela se brinde formación de calidad en la materia. A nivel superior se implementarán cursos a distancia.
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