carcelaria impulsada por el entonces ministro del Interior José Díaz, pero luego siguió funcionando fuera de la órbita de esa cartera. La República de las Mujeres dialogó con su actual coordinadora, la antropóloga Serrana Mesa y la abogada Ana Lima, quienes integran la mesa desde la academia y la sociedad civil.
KARINA THOVE
Recientemente, representantes de la Mesa de trabajo sobre mujeres privadas de libertad han sido citadas por la Comisión de Género y Equidad y por la Comisión especial para el seguimiento
de la situación carcelaria del Parlamento, evidenciando la preocupación que existe ante la situación de las 714 mujeres presas que actualmente tiene nuestro país, una cifra que ha aumentado en los últimos años aunque sigue viéndose como muy menor en comparación con la cifra total: 9.067 al 31 de mayo de 2011.
“A partir de un Informe del Cladem (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer) de 2006 se hace un diagnóstico de la situación de las mujeres privadas de libertad. El primer objetivo alcanzado fue la visibilización de esas mujeres, porque no es lo mismo la cárcel para las mujeres que para los hombres y pusimos arriba de la mesa el concepto de que cuando se piensa en cárceles se piensa en cárceles para hombres”, comienza explicando Ana Lima. Recuerda una experiencia personal al tener que utilizar los baños en la Cárcel Central: “Fue una hecatombe”, asegura, ya que desde lo edilicio no está prevista la cohabitación de hombres y mujeres.
La Mesa no se ha quedado en el diagnóstico o la producción de informes. Han hecho trabajo de capacitación “En primer lugar, hubo que capacitar en derechos humanos y con perspectiva de género al personal”, acota Lima.
Quienes trabajan en las cárceles en general poseen poca formación penitenciaria, están más bien orientados hacia lo represivo (policía ejecutiva) y provienen de los estratos socioeconómicos más humildes. Serrana Mesa recuerda la experiencia de trabajo con el personal penitenciario del pabellón femenino de Canelones: “Su motivación laboral más que nada pasa por la seguridad económica para ellos y sus familias”; a su vez se encontraron con que “los problemas de violencia doméstica surgen con mucha fuerza en esta población”.
El discurso hegemónico de la seguridad ciudadana, ya sea de forma intencional o inconsciente, induce a pensar que hoy en día se cometen más delitos y “al discurso enfermante de la pérdida de valores, que también salió cuando trabajamos en capacitación”, destaca Lima. En la misma línea razona Mesa: “Se cree que ahora hay más violencia doméstica (aumentaron las denuncias), entonces la lectura es que las mujeres están de vivas y que cualquier loca las asiste”.
La coordinadora también entiende que el trabajo de visibilización tiene que avanzar “hacia los núcleos más duros del complejo mundo carcelario”. Y pone el ejemplo de lo que sucede con la capacitación laboral con miras a la reinserción del preso y la presa, donde básicamente se sigue pensando en términos del oficio de la construcción para el preso (nunca para la presa, pese a que en este sector productivo hay muchas mujeres trabajando en la actualidad) y corte y confección para las presas. “¿Dónde está la textil en Uruguay que les va a dar trabajo? ¿No es fomentar una mayor división sexual del trabajo?”, se pregunta.
Al hablar de la población carcelaria femenina inmediatamente surge el tema de la situación de sus hijos, quienes muchas veces cumplen la condena junto a las mujeres presas porque tampoco hay quien se haga cargo de los niños fuera del recinto de reclusión.
A esta acentuación del rol de las mujeres en tanto madres, privilegiada incluso desde la legislación, “a nadie se le ocurre cuestionarla y pensar en otras prácticas porque esto también es generador de mayores desigualdades”, asegura Mesa.
Por otra parte, ese incuestionable rol maternal –no hay niñas ni niños a cargo de padres presos- “también ha servido para lograr cosas para las mujeres privadas de libertad”, destaca Lima. Una de ellas ha sido el reciente traslado de 30 presas con sus hijos a la nueva cárcel del Molino intentando descongestionar Cabildo, aunque es una solución muy insuficiente. El aumento del consumo de sustancias -entre ellas la pasta
base- alimenta el foco asociativo que se hace en el binomio población carcelaria/drogas. “Hay una falta de neutralidad de los temas y desde dónde elegimos abordarlos”, evalúa críticamente Mesa.
base- alimenta el foco asociativo que se hace en el binomio población carcelaria/drogas. “Hay una falta de neutralidad de los temas y desde dónde elegimos abordarlos”, evalúa críticamente Mesa.
“Por un lado, este es un tema de salud pública: si vos tenés personas adictas bajo custodia del Estado, no puede ser que las tengas reventándose la cabeza contra la pared porque están sufriendo una crisis de abstinencia o empastilladas para que aguanten- advierte duramente ante la constatación de la falta de tratamientos y de respuestas a este problema que evidencian hoy las cárceles uruguayas- Ahora, si vos tomás este tema como caballito de batalla y se cargan las tintas en la drogadicción de las mujeres y te dicen que las mujeres están cada vez más drogadictas, entonces la responsabilidad del Estado desaparece”.
“Por otro lado, falta mucho análisis de quiénes son las mujeres que trafican. Está toda la familia presa y es la forma de sobrevivir, de mantener los hijos, los nietos, vendiendo unas tizas (de pasta base)”, opina Mesa mientras que Lima se pregunta dónde están detenidos los empresarios de la droga, vinculados al narcotráfico y afirma: “Yo no conozco mujeres empresarias”.
Otro aspecto problemático tiene que ver con lo edilicio, ya que las cárceles no han sido pensadas para albergar a las mujeres. “Las cárceles en el interior son las jefaturas o casas adosadas” recuerda Lima, quien ha visitado y recorrido muchas de estas realidades donde las mujeres están todas amontonadas en los llamados “pabellones femeninos” agregados a una cárcel.
“En todas las cárceles del interior las mujeres están en peor situación que los hombres porque su espacio, su lugar, está determinado a partir del de los hombres que son más, entonces lo que queda lo ocupan las mujeres”, afirma Mesa. Esto sucede también con el destino de los recursos y las nuevas construcciones carcelarias, que mayoritariamente van a cubrir el déficit de las prisiones masculinas.
“Para mí también hay algo vinculado a la moral sexual cuando se instrumenta esta política carcelaria, porque está el fantasma de que hombres y mujeres van a tener `algo´: el hombre siente el deseo, la mujer lo busca, entonces no dejemos que se junten porque van a tener sexo”, opina la coordinadora aunque aclara que lo dice a título personal.
En esta misma línea considera que en las visitas conyugales se dan situaciones de abuso, tráfico y “pago de favores” a través de novias, hijas, etc. que se manejan en los códigos carcelarios y, por ende, nunca son denunciados.
Ambas son críticas con el papel que juega el Poder Judicial. “En general se usan poco las medidas alternativas” afirma la abogada, recordando que no se aplican muchas de las previstas en la Ley de humanización carcelaria. El Poder Judicial ha sido bastante renuente a participar de la mesa, si bien “ahora viene una defensora pública de familia”, aclara.
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