El Poder Legislativo, a través de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes, estudia un proyecto de ley para dar amparo a niños, niñas y adolescentes que pierden a su madre por situaciones de violencia doméstica: entre 8 y 14 menores de 18 años por año. La iniciativa es de la diputada Daisy Tourné como respuesta a un problema que puso sobre el tapete la organización no gubernamental Mujeres de Negro, en una de sus performances de los primeros jueves de cada mes, recordando a las mujeres asesinadas por su pareja o ex pareja.
Según dijo a La República de las Mujeres la diputada socialista Daisy Tourné, la elaboración del proyecto de
ley de seguridad social para huérfanos a causa de la violencia doméstica, requirió de un trabajo intenso con dependencias y organismos del Poder Ejecutivo, pues las incorporaciones o modificaciones en materia de seguridad social al marco normativo nacional, deben ser de iniciativa “privativa” de ese poder. Por ello requirió la intervención de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas, y del Banco de Previsión Social (BPS).
El problema fue puesto en la escena pública por Mujeres de Negro, a través de sus intervenciones semanales en la explanada de la Intendencia de Montevideo. En más de una oportunidad y como centro de la última performance realizada el jueves 7 de julio, la pregunta lanzada por esa organización de mujeres fue: “¿Y los huérfanos qué?”
La iniciativa legal propone brindar una “prestación equiparable a la pensión de vejez” a cada uno de dichos huérfanos que quede huérfano a causa de una situación de violencia doméstica, brindándole además una asignación familiar que se acumule en el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), para que el niño, niña o adolescente “cuente con un monto de dinero cuando cumpla los 18 años”, explicó Tourné.
Al mismo tiempo, prevé solicitar al adulto a cargo una “contraprestación”, vinculada a la necesidad de que esos niños, niñas o adolescentes accedan a atención psicológica y psiquiátrica por medio del BPS, pues su vivencia reciente implica “un fuerte trauma”, según explicó la legisladora. También se exigirá que las víctimas más pequeñas estén integradas al sistema educativo formal, siendo esta una condición para mantener la prestación. Quienes reúnan los requisitos para recibir las prestaciones, quedarán amparados por el Sistema Nacional Integrado de Salud.
“Las prestaciones consisten en una pensión, de igual cuantía que la de vejez o invalidez (valor aproximado $4.400), y una asignación familiar especial, de monto equivalente al de la prevista por la ley Nº 18.227 de 22 de diciembre de 2007 – una cantidad básica ($865) y un suplemento para el caso de cursarse enseñanza media o superior ($1.168)-, actualizables del mismo modo que estas últimas (artículo 16)”, explicita el proyecto de ley.
Los beneficiarios de las mismas serán “solteros y menores de 21 años, salvo que se tratare de mayores de 18 años con medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación”, además de “solteros, mayores de 18 años y absolutamente incapacitados para todo trabajo”. En el caso de los hijos adoptivos, “deberán haber integrado, de hecho, un hogar común con la víctima” durante cinco años por lo menos, previos a la fecha de fallecimiento de esta, aún si los trámites formales de adopción fueran más recientes, aclara el texto. A su vez, si el fallecimiento se diera “antes que el adoptado haya cumplido los diez años de edad, se exigirá que el beneficiario haya convivido con la víctima la mitad de su edad a dicha fecha”.
El estado de las cosas
Cabe recordar que las mujeres asesinadas en el marco de situaciones de violencia doméstica en 2010 fueron 35, y ya suman 9 en lo que va de 2011. Si bien esto puede interpretarse como una “baja”, los datos con los que cuenta el país en este tema son todavía muy precarios y fragmentados. En este sentido, por ejemplo, el Ministerio del Interior (MI) continúa trabajando en la recolección de datos examinando parte policial a parte policial, lo cual hace difícil una visualización certera de la dimensión del problema.
Cabe recordar que las mujeres asesinadas en el marco de situaciones de violencia doméstica en 2010 fueron 35, y ya suman 9 en lo que va de 2011. Si bien esto puede interpretarse como una “baja”, los datos con los que cuenta el país en este tema son todavía muy precarios y fragmentados. En este sentido, por ejemplo, el Ministerio del Interior (MI) continúa trabajando en la recolección de datos examinando parte policial a parte policial, lo cual hace difícil una visualización certera de la dimensión del problema.
De hecho, en el primer cuatrimestre de 2011 las denuncias por violencia doméstica tuvieron un leve aumento a nivel nacional (1,7% respecto a igual período de 2011, según el Observatorio de Violencia y Criminalidad del MI) y para esta cartera, en el camino del mejoramiento de los instrumentos para captar el fenómeno, es posible que haya nuevos aumentos en las cifras.
Esto lo admite el propio proyecto remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento, cuando en su exposición de motivos explicita que “Según datos correspondientes a 2010 difundidos por el Observatorio Nacional Sobre Criminalidad en el Uruguay, las denuncias de delitos relacionados con violencia doméstica son las más numerosas luego de las referidas a hurtos, y superan las cuarenta por día”.
Sin embargo, aclara inmediatamente después que “Es sabido, por otra parte, como dice dicho informe, que los hechos que llegan a conocimiento de la policía no reflejan en su totalidad la magnitud del fenómeno, en virtud de que las víctimas frecuentemente son renuentes a denunciar” las situaciones de violencia doméstica que viven.
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