La despenalización de la práctica del aborto ha tenido múltiples intentos parlamentarios en nuestro país. De hecho, el último (en 2008) llegó a su fin, aprobándose la Ley de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva que incluía el derecho de las mujeres a decidir la interrupción de su embarazo. Sin embargo, el entonces presidente Tabaré Vázquez vetó los artículos en tal sentido, quedando promulgado solo el resto del texto. Hoy, a tres años de aquella frustración y esta vez sin amenaza de veto, el debate vuelve al Parlamento. Justamente en el mes en que se conmemora –el día 28- el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.
En diálogo con La República de las Mujeres, la senadora frenteamplista Mónica Xavier confirmó que el nuevo proyecto de ley sobre despenalización del aborto “ya tiene trámite parlamentario”. Fue ingresado en la Comisión de Salud de la Cámara Alta, y se discutirá en cuanto se culmine el estudio de otra ley que ya se venía debatiendo sobre transplante de órganos y tejidos.
Luego de ser tratado en esa Comisión, donde el Frente Amplio cuenta con mayoría, el proyecto entraría a la agenda del plenario de la Cámara de Senadores para seguir su trámite ordinario.
Es de esperar que si la fuerza política de gobierno acordó una fórmula de consenso en cuanto a la despenalización del aborto –vale la pena recordar que en el año 2010 había dos proyectos oficialistas: el de Xavier y el del diputado Álvaro Vega, que lo retiró luego de negociarse algunas modificaciones al primero el camino esté allanado. En el Frente Amplio “no debería haber discrepancias”, dado que se acordó el ingreso de un único texto sobre el tema, estima Xavier. En cuanto al resto del espectro político, adelanta que lo más razonable es que, una vez que se inicie la discusión efectiva del proyecto, se tome contacto formal con quienes promueven otras iniciativas, como el diputado Fernando Amado del Partido Colorado.
La idea es “poder ir coordinando los enfoques ya desde la primera Cámara, para evitar después la pasada de una a la otra con modificaciones. Más allá de que cada Cámara podría hacer en el momento que quisiera
las modificaciones que considere pertinentes”, aclara Xavier.Lo que hay que garantizar
El proyecto del Frente Amplio, a diferencia del de Amado, contempla no solo la legalización del aborto en las primeras doce semanas de gestación, sino que además, considera el tema como un asunto de salud pública, incluyendo los mecanismos sanitarios que debieran implementarse para garantizar la práctica.
“Lo que está ocurriendo de acá a un tiempo es que hay mujeres que se debaten entre la vida y la muerte porque en pleno siglo XXI recurren a prácticas que está claro que son dañinas y ponen en riesgo su salud, por no tener acceso garantizado en las policlínicas que deberían darles el asesoramiento pertinente para evitar los riesgos”, argumenta la senadora.
En coincidencia con la experta colombiana, Ana Cristina González Vélez (ver págs. 2/3 de esta edición), Xavier reconoce que si bien le alegra “que se haya podido incorporar la Ordenanza 369 del Ministerio de Salud Pública (protocolo de asesoramiento para la reducción de riesgos frente al aborto provocado en condiciones de riesgo) con rango legal” a través de su inclusión en la Ley 18.426 de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva, “con ello no alcanza: hay que ir a la despenalización o legalización, pues sino siempre va a haber un espacio para el riesgo” de las mujeres.
El presidente Mujica manifestó en más de una oportunidad que si bien no tendrá iniciativa en esta temática, está dispuesto a respetar “la decisión que tome el Parlamento”, por lo que “no la vamos a vetar”.
Respecto del proyecto impulsado desde la bancada oficialista, el senador del Partido Nacional Carlos Moreira, dijo a La República de las Mujeres que está en desacuerdo, “tal como lo estaba en la legislatura pasada”.
En primer lugar porque según el senador “la vida comienza desde la concepción”, y la decisión de interrumpir un embarazo atenta contra ese derecho “preexistente a todos los demás que es el de la vida”.
Además, el representante del Partido Nacional considera que el proyecto que se encuentra para próxima discusión en la Comisión de Salud que él integra,“no tiene en cuenta una opinión fundamental que es la del padre”, al consagrar el derecho de la mujer a decidir por su sola voluntad.
Sin embargo, entiende que es a ellas (las mujeres) a las que habría que educar y “explicarles” cómo evitar embarazos no deseados.
Moreira reconoce que los problemas de salud derivados de las condiciones en que se realizan los abortos ilegales existen hoy en Uruguay, pero la solución a la que apela es la de generar políticas que “les permitan a la mujer llevar a término su embarazo”.
Según datos de la organización no gubernamental Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), en nuestro país “cada 20 minutos una mujer debe enfrentar los riesgos que tiene el aborto clandestino”.
A su vez, encuestas de opinión pública revelan amplia aprobación respecto a una posible despenalización de la práctica del aborto: 61% de la población, según la empresa Factum en 2007, por ejemplo.
Campaña que no descansa
Desde CNS, Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía, se sostiene que la legislación actual “deja un gran vacío para las mujeres que transitan embarazos no deseados y esto es una clara expresión de inequidad de género, pues la ilegalidad implica una gran discriminación”.
Para el próximo 28 de setiembre, cuando se conmemore el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, MISU y el Departamento de Género y Equidad del PIT-CNT convocan al panel “Avances y Obstáculos en la Atención a la Salud Sexual y Reproductiva en Uruguay”, en el que se presentarán a través de un video cinco situaciones de mujeres en su recorrido institucional y clandestino para lograr la interrupción de su embarazo en el Uruguay de hoy.
La idea, dijo la coordinadora Lilián Abracinskas a La República de las Mujeres, es colocar nuevamente en el debate público el tema, tras 9 años de campaña ininterrumpida desde la sociedad civil por visibilizar y garantizar el ejercicio del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
Por otra parte, y en el marco de un seminario regional que tuvo lugar en Montevideo del 19 al 22 de setiembre, con la organización de Médicos del Mundo Francia y organizaciones nacionales, se reflexionó en torno al acceso a servicios de aborto seguro y legal a partir de diversas experiencias y contextos en América Latina.
Participaron delegaciones de Perú, Guatemala, Nicaragua, México y Uruguay. En ese marco, también se realizó una mesa de trabajo con legisladores de las comisiones de Salud y de Población y Desarrollo del Parlamento, en una actividad organizada por MYSU.
Dos proyectos
El proyecto que apoya el Frente Amplio reconoce a toda mujer mayor de edad el derecho a decidir la interrupción de su embarazo durante las primeras doce semanas de gestación, pero además el de acceder a su práctica en los servicios del Sistema Nacional Integrado de Salud, previo consentimiento informado por escrito. Fuera del plazo indicado, también podrá decidir realizarse un aborto si el embarazo fuera producto de una violación, si estuviera en riesgo su salud o su vida y si existieran malformaciones fetales graves.
Tratándose de menores de edad, se requerirá el consentimiento de por lo menos uno de sus representantes legales o de quien ejerza su custodia legal. De existir riesgo grave para la salud de la gestante y no tener el acuerdo de esos mayores, el profesional deberá solicitar autorización judicial.
La iniciativa regula también las obligaciones de los servicios de asistencia médica públicos y privados, así como los derechos y deberes de los trabajadores de la salud.
El proyecto presentado por el diputado colorado Fernando Amado, propone la modificación del Código Penal, despenalizando el aborto consentido sin exigir expresión de causa también hasta las 12 semanas de la gestación, hasta las 18 semanassi se hace para eliminar el fruto de una violación y sin límite de tiempo en caso de causas graves de salud de la gestante y del feto. Para estas situaciones, deriva al Ministerio de Salud Pública (MSP) la reglamentación de los requisitos que deberá verificar el médico o la institución de salud para intervenir.
Igualmente, en todos los casos exige que medie un plazo de al menos 5 días corridos entre el consentimiento de la mujer y la realización del aborto. Las soluciones para menores de edad son similares a las del otro proyecto, pero si se trata de mayores de 16 años no demanda consentimiento de representantes legales.
Respecto de las obligaciones de los prestadores de servicios de salud, pone a cargo del MSP asegurar que tanto en sistemas públicos como privados se ejecuten los actos médicos necesarios.
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